Cientos de ciudades, condados y otros gobiernos locales han empezado a cancelar contratos con Flock Safety, según la entrevista que The Verge hizo al investigador Benn Jordan. Este retroceso forma parte de una creciente oposición bipartidista a las redes de lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) y ya ha llegado al Congreso.
Según The Verge, Jordan testificó recientemente en una audiencia de la Subcomisión de Delincuencia y Antiterrorismo del Comité Judicial del Senado centrada en Flock y en otros sistemas ALPR. Además, según informes, el senador republicano Josh Hawley también investiga a la empresa, aunque no se ha detallado el alcance de esa investigación.
Por otra parte, el presentador citó un informe de Reuters según el cual Flock planea reducir su plantilla en alrededor de un 18 %. La entrevista no establece que los recortes previstos sean consecuencia de las cancelaciones de contratos.
Los contratos locales convierten la vigilancia en un asunto municipal
Flock suministra cámaras y el software asociado que se usa para leer matrículas de forma automática. Jordan, músico, youtuber, investigador y periodista de investigación por autodefinición, afirma que empezó a examinar la red al notar cámaras en Atlanta, ciudad en la que vive.
Su objeción principal no se limita a la tecnología en sí. Jordan sostiene que los residentes no pueden darse de baja individualmente de una red ALPR y que rara vez se les somete a una votación directa antes de su despliegue. También afirma que los costes acaban recayendo en los residentes a través del impuesto sobre bienes inmuebles.
Esa estructura sitúa las decisiones prácticas en manos de los gobiernos locales y de los cuerpos policiales. Las aprobaciones, renovaciones y cancelaciones de contratos pueden determinar, por tanto, si una comunidad sigue usando el sistema, mientras que la influencia de los residentes se ejerce a través de la política municipal y no mediante un ajuste de privacidad individual.
Jordan afirma que la oposición a los despliegues de vigilancia ha aumentado la participación en el gobierno local. Señala el caso de Asheville, en Carolina del Norte, donde cree que el descontento con la política de vigilancia podría ayudar a elegir a un nuevo alcalde. Se trata de su predicción, no de un resultado electoral.
También describe el cambio de postura de un candidato demócrata a gobernador de Georgia, cuyo nombre no menciona. Según Jordan, ese candidato pidió retirar las cámaras de Flock después de haber dado la bienvenida a la empresa mientras era alcalde de Atlanta.
Las críticas van más allá de Flock Safety
Jordan no presenta a Flock como la única empresa que construye este tipo de red. Identifica a Axon y Motorola como competidores con sistemas comparables y describe a Flock como el objetivo más fácil por su visibilidad y por su respuesta combativa ante las críticas.
Según Jordan, el consejero delegado de Flock, Garrett Langley, se refirió públicamente a los críticos como «terroristas de izquierda». Jordan considera que esa respuesta fue un grave fallo de comunicación, aunque afirma que las personas de la empresa con las que ha hablado no se parecen a la impresión que dan los clips difundidos en línea. El presentador de The Verge asegura que la estrategia de comunicación de Flock ha cambiado desde entonces.
Jordan plantea que el problema general es la relación entre los proveedores privados, los gobiernos y los cuerpos policiales. En su opinión, el secretismo dentro de esa relación impide que los residentes entiendan las decisiones de vigilancia o influyan en ellas de forma significativa. Esa preocupación seguiría existiendo aunque las comunidades sustituyeran a Flock por otro proveedor de ALPR.
La investigación en seguridad no es el centro del conflicto actual
The Verge señala que Jordan se comunica directamente con Flock, incluido Langley, y que informa de las vulnerabilidades de seguridad que identifica. La conversación no relaciona esos hallazgos con una brecha ni con un acceso no autorizado. Su enfoque es, más bien, la supervisión, la transparencia y la legitimidad política del despliegue de infraestructura de vigilancia mediante contratos locales.
Para los residentes, la consecuencia inmediata es local más que técnica: los municipios están reconsiderando sus acuerdos, el Congreso examina la industria y, según los informes, Flock se prepara para una reducción sustancial de su plantilla. Las cancelaciones de contratos demuestran además que las decisiones sobre el despliegue de sistemas ALPR pueden revertirse mediante presión sobre los organismos públicos que compran esos sistemas.
