El Reino Unido impuso sanciones económicas el 8 de octubre a la plataforma de pagos con criptomonedas Cryptomus, al considerar que la infraestructura procesaba pagos en beneficio del Gobierno ruso y de sus instituciones financieras.
Según el reportaje de KrebsOnSecurity, las medidas congelan los activos de Cryptomus que se encuentran en bancos del Reino Unido y prohíben a las empresas británicas hacer negocios con la plataforma, ya sea mediante criptomonedas u otros canales.
La medida afecta a Cryptomus, antes conocida como Certa Payments y Xeltox Enterprises. También se mencionan VexPay, TokenSpot y el servicio Tsunami Payments. Por otro lado, investigadores han vinculado por separado a Cryptomus con Heleket, un servicio de pagos que se presenta como una operación paralela tras la multa de 176 millones de CAD por blanqueo de capitales que impusieron las autoridades canadienses.
Un centro de pagos para plataformas rusas y servicios ilícitos
Cryptomus surgió en 2022 y se convirtió en procesador de pagos de decenas de plataformas rusas de intercambio de criptomonedas y de sitios web que venden servicios relacionados con el cibercrimen, según una investigación de KrebsOnSecurity publicada en diciembre de 2024.
Las empresas de análisis de cadenas de bloques describen su actividad como algo que va más allá de la evasión de sanciones. En una evaluación del 8 de octubre citada en el informe, Chainalysis afirmó que Cryptomus y Heleket se habían convertido en centros importantes de pagos para transacciones ilícitas. En las categorías que sigue la empresa, según se afirma, los dos servicios recibieron más fondos ilícitos que los mezcladores de criptomonedas incluidos en su base de datos.
Chainalysis también contabilizó más de 900 contrapartes ilícitas que interactuaron con las plataformas durante un único mes a finales de 2025. Estas cifras son hallazgos de la firma de análisis, no totales oficiales de transacciones del Reino Unido.
TRM Labs estimó en abril de 2026 que Cryptomus había procesado más de 7.000 millones de USD en transacciones desde su lanzamiento en 2022. Esa cifra representa el volumen total de operaciones, y no implica que la totalidad de los 7.000 millones de USD fuera ilícita. TRM afirmó que identificó transacciones vinculadas a vendedores de material de abuso sexual infantil, redes de financiación del terrorismo y operaciones de trata de personas.
Según la misma evaluación, el volumen de transacciones descendió de forma notable después de que Cryptomus introdujera controles de conocimiento del cliente (KYC). TRM indicó que posteriormente se lanzó Heleket como servicio paralelo que ofrece procesamiento de pagos sin requisitos KYC.
Un agente de soporte de Heleket negó en Telegram que el servicio esté afiliado a Cryptomus. El reportaje de KrebsOnSecurity cuestiona esa negativa a partir de la infraestructura y las pruebas corporativas que examinó.
Las sanciones podrían interrumpir la liquidación y el acceso a los fondos
Las consecuencias inmediatas recaen sobre las entidades financieras y las empresas del Reino Unido. Según las medidas descritas, los bancos que mantienen activos afectados deben congelarlos, mientras que a las empresas británicas se les prohíbe prestar servicios a Cryptomus.
Los clientes y las plataformas que dependen del servicio también podrían sufrir interrupciones en los pagos. En un intercambio en Telegram del 8 de octubre, un bot de soporte de Cryptomus indicó que el servicio había dejado de poder procesar transacciones de forma repentina. La captura de pantalla acredita una interrupción informada en ese momento, pero no su alcance ni su duración.
El investigador de cadenas de bloques Richard Sanders, que afirmó haber dedicado meses a cartografiar la red de pagos de la plataforma y a operar con sus clientes, sostuvo que la medida del Reino Unido podría tener un impacto operativo más directo que la multa canadiense. «Las sanciones matan la operación», escribió en LinkedIn.
Sanders explicó que Cryptomus recurrió la multa de 176 millones de CAD, lanzó Heleket y siguió procesando volúmenes importantes de transacciones. También describió la medida británica como el primer caso conocido en el que un país de los Cinco Ojos sanciona a una empresa de criptomonedas constituida en otra jurisdicción de los Cinco Ojos. Esa caracterización es una valoración personal de Sanders.
Los registros corporativos apuntan a una estructura operativa opaca
La investigación de diciembre de 2024 constató que Cryptomus compartía una dirección en Vancouver con numerosas casas de cambio de divisas y empresas de transferencia de dinero que, al parecer, no operaban físicamente desde ese lugar.
En el momento de esa investigación, el único accionista de Certa Payments era una mujer ucraniana de 25 años que también dirigía varias otras empresas. Una de ellas era WS Management and Advisory Corporation, que se presentaba como regulador de licencias para negocios de criptomonedas, divisas y juegos en línea constituidos en el Sáhara Occidental.
Su sitio web, crasadr.com, anunciaba asistencia para la constitución de sociedades, acuerdos bancarios, licencias de juego y licencias para corredores de divisas. El antiguo dominio de Certa Payments, certa[.]website, compartía servidor con otros 12 dominios, entre ellos rasd-state[.]ws, que la investigación describe como perteneciente a la «Autoridad Central de Reserva del Sáhara Occidental».
KrebsOnSecurity concluyó que la supuesta autoridad que respaldaba estos negocios financieros parecía depender de instituciones inventadas y de un supuesto regulador que operaba desde un territorio no ampliamente reconocido como Estado soberano. Esa conclusión es el análisis de la publicación a partir de los registros corporativos y técnicos que revisó.
Para los bancos y las empresas del Reino Unido, la prioridad práctica es identificar su exposición a Cryptomus y a los nombres Certa Payments y Xeltox Enterprises, así como a VexPay, TokenSpot y Tsunami Payments. Heleket debe tratarse como un servicio paralelo presunto, vinculado por investigadores y analistas, y no darse por supuesto que sea una entidad distinta incluida formalmente en las listas de sanciones.
